Resumen: Delito contra la propiedad intelectual. Requisitos del motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim. No resulta posible pretender un control de la juridicidad de la decisión judicial, alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad, mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices, que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable. Enlaces a material protegido por derechos de propiedad intelectual. Comunicación pública. Doctrina Caso Svennson. La fijación de la multa podrá fundamentarse en: a) la acreditada situación económica del sancionado; b) alguna circunstancia reveladora de una determinada capacidad económica; c) algún dato que ponga de relieve, con argumentos racionalmente aceptables, en la motivación de la decisión; d) en todo caso, incluso la posibilidad de que el Tribunal ad quem vislumbre, con los datos que se ofrezcan en el procedimiento, que la cuantía aplicada no aparece como desproporcionada, al no resultar excesiva dado su importe, situado con proximidad al límite legal mínimo, siempre que no pueda considerarse al condenado carente de todo tipo de ingresos.
Resumen: La sentencia apelada estimó la demanda por infracción de los derechos de autor sobre la tesis de la parte demandante y otras obras posteriores, al apreciar que había sido objeto de plagio por la demandada en la tesis de esta . La sentencia de apelación rechaza la existencia de error en la valoración de la prueba sobre la efectiva existencia de plagio. La inclusión en la obra infractora de citas o cuadros elaborados por terceros e incluidos en la obra plagiada, constituye también infracción si no se cita la fuente de la que se extraen. Es original la obra de recopilación fruto de un esfuerzo intelectual y de una capacidad creativa y de síntesis. Son indemnizables los gastos por asesoramiento jurídico y gestiones extraprocesales que no son costas judiciales.
Resumen: El condenado impugna la sentencia alegando error en la valoración de la prueba con vulneración de la presunción de inocencia estimando que las declaraciones testificales de los agentes, carecen de aptitud como prueba de cargo de en cuanto presentan elementos de incredibilidad y falta de fiabilidad en confrontación con la versión ofrecida por el acusado. La Audiencia desestima el recurso. La declaración es exculpatoria y ofrece una versión propia según la cual, tras salir de la estación entabla conversación con unos compatriotas, momento en que se produce la intervención policial y es identificado y detenido. Señala que el hecho de permanecer allí pese a la presencia policial es elemento indicador de la veracidad de su manifestación. Frente a ello, la sentencia acoge la declaración de los agentes, en el sentido de que pasaron con el coche y vieron tres personas con las mantas extendidas y vendiendo productos que en apariencia pudieran ser falsificaciones, y que se montó un operativo y detuvieron al acusado, a quien habían visto con la manta en disposición de venta y que trató de marcharse. Existe un testimonio directo y de cargo, que se suma a la pericial, y de claro contenido incriminatorio, a través de la declaración de los agentes que, además, se sujetó a la contradicción por la defensa y al examen directo e inmediato del juzgador. No puede sostenerse que no exista prueba de cargo, legal y válidamente practicada y con aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia.
Resumen: Los derechos de explotación de las obras fotográficas corresponden a la parte actora en virtud de cesión de los derechos de explotación realizada por el autor que hizo las fotografías por encargo suyo para la comercialización de los productos de la demandante y este hecho lo confirma el Tribunal, pues aunque se negaba la autoría, por las pruebas practicadas se considera acreditado, sin que sea preciso el registro, pues puede acreditarse la autoría por otros medios, ya que los derechos de propiedad intelectual surgen de la mera creación intelectual y no con el registro. El hecho de que alguna fotografía se realizara con anterioridad al contrato, no desvirtúa lo anterior, pues no tienen que coincidir las fechas del contrato de obra y el de cesión de derechos. En cuanto a que las fotografías forman parte del dominio público por falta de originalidad, es alegación que no se acoge, pues no pueden ser equiparadas a las obras, son simples fotografías susceptibles de generar derechos conexos o afines a los derechos de autor y esto impide su utilización por terceros.
Resumen: Basándose en la declaración de los policías que intervinieron en los hechos, la Sala confirma la condena del recurrente por el delito contra la propiedad industrial en un supuesto en el que el acusado fue sorprendido ofreciendo a los transeúntes productos falsificados. La Sala descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Con referencias a la jurisprudencia del TS, la sentencia recuerda que "para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien , por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función".
Resumen: Se solicita el cumplimiento del contrato con indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Desestimada la demanda recurre la actora. La misma fue trabajadora, como auxiliar administrativa, del demandado, quien poco después de comenzar a trabajar le propuso transferirle un número de cabezas de ganado ovino o caprino para solicitar las ayudas PAC, ofreciéndole, en contrapartida, un aumento en sus emolumentos, proposición que ésta aceptó. Este acuerdo fue inicialmente verbal y luego se plasmó en documento privado, en el que se acordaba abrir dos cartillas ganaderas a nombre de la actora con 3.000 cabezas de ganado para poder solicitar las ayudas, poner a su nombre un coche, dándose de baja como trabajadora, etc, indicando que no obstante, ni el coche, el ganado, las fincas, los derechos a la prima de ovino ni los beneficios que de ellos se originen no sonde su propiedad sino del demandado. En definitiva se constituía entre las partes, una "fiducia cum amico". Terminada esta relación y cedidos los derechos, la actora comienza a recibir notificaciones de la Agencia Tributaria que terminaron con una liquidación contra la misma, con intereses y multas. La Sala considera que nos encontramos con un contrato con causa ilícita, los cuales no producen efecto alguno, constando el fin ilícito y reprobable del convenio, común a demandante y demandados, por lo que procede desestimar el recuso, si bien, sin condenar en costas a la actora, quien, ciertamente sí cumplió con su obligación.
Resumen: La sentencia impugnada estimó la demanda en que las entidades de gestión reclamaban el importe de las tarifas por utilización de música en establecimiento abierto al público, según contrato. La sentencia apelación desestima el recurso. Legitimación de la entidades de gestión. Se rechaza por falta de prueba, la alegación de uso en el local de la denominada " música libre" con licencia "copy left" o las llamadas "Creative Commons". No cabe alegar el carácter accesorio de la utilización de la música en el local cuando el contrato vigente y no resuelto la establece como nedesaria. Inexistencia de retraso desleal.
Resumen: La Sala recuerda que, para apreciar la existencia de la infracción, no se requiere que haya riesgo de confusión con los productos auténticos, pues el bien jurídico protegido en el delito contra la propiedad industrial lo constituye el derecho de uso o explotación exclusivo de la marca y no los derechos de los consumidores. En concreto, la sentencia señala que "no es relevante que la falsificación del producto sea más o menos burda, siendo el elemento determinante que se haya hecho uso de una marca protegida registralmente sin autorización del titular del derecho de propiedad industrial o de su cesionario. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso, pues consta registrado el signo distintivo que ha sido simulado o falsificado". La sentencia también descarta que resulte aplicable el principio de intervención mínima o que se haya vulnerado el derecho del recurrente a la presunción de inocencia, teniendo en cuenta el resultado de la prueba practicada, fundamentalmente el testimonio de los policías que declararon en el acto del juicio.
Resumen: En el contrato de edición concertado con la editorial se contenía un pacto por el cual el autor recibiría el 10% del precio de venta al público de cada uno de los libros una vez vendidos mediante liquidaciones anuales, y 200 ejemplares gratuitos. La editorial admite que no entregó los ejemplares pactados al autor y resulta acreditado que tampoco atendió a la reclamación que se le hizo mediante acto de conciliación, en el que, además, nada dijo sobre la posibilidad de entregarlos ni realizó dicha entrega. La Audiencia declara que la finalidad del contrato de edición es regular e instrumentar la relación jurídica que precisa entablar el autor de la obra con el profesional especializado en la explotación comercial de esa clase de obras, y se basa en la cesión de, al menos, los derechos de reproducción y distribución en cualquier forma por parte del autor, a cambio de un precio o remuneración, como obligación propia del editor, junto con los deberes de reproducir la obra y distribuirla, éstos como deberes de resultado, con una puesta a disposición del público en forma suficiente para su adecuada explotación en el mercado, pero sin vincularse a la obtención del resultado positivo del efectivo éxito comercial de la obra. Por ello, no puede reconocerse el daño moral reclamado pues no se fundamenta en razones objetivas que puedan en cualquier caso imputarse a la editorial.
Resumen: Demanda contra un gimnasio que, para sus clases de "aerobic", utiliza coreografías amparadas por el derecho de autor, de la titularidad de una sociedad extranjera de la que la demandante es agente o representante en España. La legitimación activa de la sociedad demandante queda acreditada por los actos propios de la demandada, puesto que la reconoció con ocasión de la firma de un contrato anterior que, durante su vigencia, le permitió usar en sus instalaciones obras del repertorio de la misma titular. Como la infracción consiste en la utilización de coreografías en un recinto cuyo acceso está restringido, salvo para clientes y usuarios del gimnasio, la demandante cumple con aportar la demostración del uso infractor mediante informes de detectives, a su vez sustentados en la publicidad de la empresa, sin que sea razonable exigir una prueba reiterada, constante y permanente durante todo el periodo que se acota en la demanda. La demandada no ha probado, por su parte, qué otras coreografías supuestamente emplea en sus clases diarias.
